Caso Alex Pretti: versiones de funcionarios de Trump chocan con las evidencias disponibles.

26 enero, 2026 | 12:22 p. m.

La muerte de Alex Pretti generó polémica luego de que funcionarios de la administración Trump afirmaran que representaba una amenaza, versión que ha sido puesta en duda por videos y testimonios que muestran que no portaba un arma en el momento del enfrentamiento. La familia y organizaciones civiles exigen una investigación independiente.

Estados Unidos. 26  enero 2026

 


La muerte de Alex Pretti durante un operativo de agentes federales ha desatado una intensa controversia en Estados Unidos, luego de que funcionarios de la administración del presidente Donald Trump difundieran una versión de los hechos que no coincide con las pruebas que han salido a la luz.
 

En los días posteriores al incidente, autoridades federales defendieron públicamente la actuación de los agentes involucrados, asegurando que Pretti representaba una amenaza directa. Desde el gobierno se afirmó que el joven se habría aproximado de forma agresiva, portando un arma y poniendo en riesgo la integridad de los elementos de seguridad, argumento utilizado para justificar el uso de fuerza letal.
 

Sin embargo, videos grabados por testigos y difundidos en redes sociales muestran un escenario distinto. Las imágenes indican que Pretti no blandía un arma en el momento del enfrentamiento y que, en lugar de actuar de forma hostil, parecía intentar intervenir tras observar un altercado previo entre agentes y una mujer. En las grabaciones, Pretti aparece sosteniendo un teléfono móvil, mientras su arma legal permanece en la cintura.
 

Testimonios recabados por medios de comunicación y organizaciones civiles refuerzan esta versión, al señalar que no hubo un intento claro de agresión contra los agentes antes de que se produjeran los disparos. Estas evidencias han puesto en duda las declaraciones oficiales y han generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la narrativa difundida por las autoridades.
 

La familia de Alex Pretti rechazó de manera contundente las afirmaciones del gobierno y exigió una investigación independiente y transparente, al considerar que la versión oficial criminaliza a la víctima y busca justificar una actuación desproporcionada. Organizaciones de derechos civiles también han pedido esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
 

El caso ha reavivado el debate nacional sobre el actuar de las fuerzas federales, el uso de fuerza letal y la credibilidad de los discursos oficiales frente a la evidencia visual y testimonial, en un contexto político marcado por la polarización y la desconfianza institucional.