Escándalo en la Marina: destapan red de huachicol fiscal vinculada a alto mando naval.

CDMX - 9 de septiembre de 2025

Una compleja red de corrupción dentro de la Secretaría de Marina ha sido desmantelada en uno de los operativos más relevantes de los últimos años contra el robo y contrabando de combustible en México. La investigación, encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con varias instituciones federales, apunta directamente a un vicealmirante en activo: Manuel Roberto Farías Laguna.

Según las autoridades, Farías Laguna habría liderado una estructura dedicada al contrabando masivo de combustibles —conocido como “huachicol fiscal”— utilizando su influencia para colocar a personas de su confianza en aduanas estratégicas, lo cual permitió el ingreso y salida ilegal de hidrocarburos con documentación alterada.

Durante el operativo, que se desplegó en cuatro estados del país, se realizaron 14 detenciones. Entre los capturados se encuentran oficiales de la Marina, funcionarios de aduanas y empresarios relacionados con la red. Las autoridades aseguraron más de 18 millones de litros de combustible, además de bloquear cuentas bancarias, incautar bienes inmuebles y decomisar vehículos de lujo.

Uno de los aspectos más delicados del caso es el parentesco de Farías Laguna con el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien fue una figura clave durante el sexenio del presidente López Obrador. Aunque la relación familiar fue confirmada —Farías es su sobrino político—, fuentes oficiales aseguran que fue el propio Ojeda quien, desde 2023, habría advertido sobre presuntas irregularidades en la cadena de mando y logística.

La FGR también investiga si hubo manipulación en promociones internas, así como asignaciones a puestos clave para facilitar las operaciones ilegales. Documentos internos y testimonios sugieren que hubo favoritismo y corrupción en la designación de mandos en aduanas y puertos.

El caso se vuelve aún más grave con la posibilidad de que esté relacionado con al menos dos homicidios. Uno de ellos es el del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien fue asesinado en noviembre de 2024, poco después de denunciar presuntos actos de corrupción ante instancias internas. También se investiga la muerte de Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la FGR, como parte de una posible cadena de encubrimiento y represalias.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han calificado la operación como un golpe decisivo contra la corrupción. Ambos destacaron que los hechos no representan a toda la institución y reafirmaron el compromiso del gobierno con una política de cero tolerancia.

Por su parte, la Secretaría de Marina ha reiterado su disposición a colaborar con las investigaciones, subrayando que estas acciones fortalecen la transparencia dentro de sus filas y no buscan dañar la imagen de la institución, sino depurarla.

Este caso representa no solo un escándalo de corrupción a gran escala, sino también un punto de inflexión en el control de aduanas y el combate al robo de combustible en México. Para la administración de Sheinbaum, significa una oportunidad para demostrar firmeza institucional, aunque también representa un reto en cuanto a la percepción pública sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas civiles.