Ejecutan al delegado de la FGR en Tamaulipas; viajaba sin blindaje ni escoltas.
7 agosto, 2025 | 12:43 p. m.El homicidio del delegado Vázquez Reyna evidenció una vulnerabilidad institucional crítica. La ausencia de medidas como vehículos blindados o asistentes en una zona tan estratégica y conflictiva pone en evidencia urgentes omisiones. El aparato de justicia ya investiga; la sociedad exige aclaraciones y medidas de protección real para evitar que otros funcionarios enfrenten riesgos similares.
Reynosa, Tamaulipas – 7 de agosto de 2025
El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, fue atacado y asesinado en plena avenida Miguel Hidalgo en Reynosa. La emboscada fue perpetrada con el lanzamiento de una granada contra su camioneta, seguida de disparos directos cuando intentaba huir del vehículo incendiado. El agresor huyó en un automóvil abandonado minutos después del ataque .
Sorprende que Vázquez Reyna circulaba sin blindaje ni escoltas, lo cual levanta cuestionamientos sobre la protección táctica en zonas de alto riesgo donde actúan funcionarios federales.
Fuentes oficiales indican que el posible motivo del crimen fue su participación en la reciente Operación Frontera Norte, una acción coordinada para combatir el robo de combustible (huachicol) que resultó en el aseguramiento de 1.8 millones de litros y arrestos vinculados a redes criminales.
La FGR activó un protocolo de justicia militar y refuerzos, mientras se analizan testimonios, videos de circuito cerrado y evidencias forenses recolectadas en la escena del ataque.
El gobernador Américo Villarreal expresó su condena y aseguró que el gabinete de seguridad federal, encabezado por Omar García Harfuch, intervendría directamente con el objetivo de dar con los responsables.
Desde el PAN, se cuestionó la falta de acompañamiento al delegado, en un estado donde la violencia y operativos contra crimen organizado exigían protocolos más estrictos.
El homicidio del delegado Vázquez Reyna evidenció una vulnerabilidad institucional crítica. La ausencia de medidas como vehículos blindados o asistentes en una zona tan estratégica y conflictiva pone en evidencia urgentes omisiones. El aparato de justicia ya investiga; la sociedad exige aclaraciones y medidas de protección real para evitar que otros funcionarios enfrenten riesgos similares.